El Día Mundial Contra el Trabajo Infantil se conmemora cada 12 de junio desde 2002 cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó un llamado para concientizar sobre la gravedad del problema y erradicarlo.
El término “trabajo infantil” se define como todo trabajo que priva a los niños de disfrutar su niñez y desarrollar su potencial libremente, situación que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.
Casi la mitad de los niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años. Las actividades principales que realizan se concentran en la agricultura, que incluye la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, y comprende tanto la agricultura de subsistencia como la comercial; después le sigue el sector de servicios y luego el industrial que se enfoca particularmente en la minería.
Desde la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, instamos a las organizaciones de derechos humanos y las autoridades a garantizar una niñez indígena digna y libre de trabajo infantil de cara a los efectos del COVID-19, ya que los indicadores de trabajo infantil y de trabajo adolescente podrían incrementarse exponencialmente si no se implementan medidas y estrategias para reducir el impacto económico y alimentario de la pandemia actual.
Según el informe: COVID-19 and child labour: A time of crisis, a time to act, realizado por la OIT y la UNICEF, en tiempos de crisis “el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias, a medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y los servicios sociales disminuyen”, expuso Henrietta Fore, directora de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). En el documento que por ahora sólo se puede leer en inglés, se analizan los principales canales a través de los cuales la pandemia actual puede influir en el trabajo infantil, incluida la caída en el nivel de vida; deterioro de las oportunidades de empleo; aumento de la informalidad; reducción de remesas y migración; contracción del comercio y la inversión extranjera directa; cierres temporales de escuelas; choques de salud; presión sobre los presupuestos públicos y los flujos de ayuda internacional.
En América Latina al menos 300 000 niños podrían agregarse a los 10,5 millones que trabajan, mayoritariamente en condiciones de informalidad, según proyecciones de la OIT con base en estudios efectuados en Costa Rica, México y Perú. Los niños que ya trabajan podrían tener que hacerlo durante más horas, o en peores condiciones y lejos de mecanismos de protección, pues 70 por ciento de ellos son faeneros agrícolas en las zonas rurales e indígenas.
